Finalizó la 12º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas

Con cerca de quinientos asistentes en el Salón Azul del Senado de la Nación y la participación de funcionarios públicos, académicos y especialistas, organizaciones de la sociedad civil y activistas, culminó la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas organizada por la Asociación Civil Intercambios por décimo segundo año consecutivo.

El debate desarrollado en los distintos paneles coincidió en la necesidad de entender al usuario de drogas como un sujeto de derechos y cambiar la perspectiva punitiva y criminalizante por una socio-sanitaria. Especialistas y funcionarios remarcaron el fracaso de la ley de desfederalización, que aumentó la persecución de las tenencias, según argumentaron.

(Buenos Aires, 17/07/14; 18 hs) La presidenta de Intercambios AC Graciela Touzé expresó en la apertura de la 12º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas “después de que el Senado aprobara en mayo la Ley de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos esperamos que se fortalezcan los avances producidos por la Ley Nacional de Salud Mental, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con el Fallo Arriola y las orientaciones del Ministerio de Educación de la Nación en materia de prevención”. Sin embargo, mostró su preocupación por “la adhesión de algunas provincias al régimen de desfederalización, cuyos resultados en Buenos Aires y Córdoba alertan sobre esta estrategia que mayormente se ha aplicado como un instrumento para continuar criminalizando a la población en situación más vulnerable”. “También nos preocupan iniciativas como los Tribunales de Tratamiento de Drogas que empezaron a funcionar en la provincia de Salta porque hacen prevalecer la intervención penal y entran así en contradicción con otras políticas públicas ya mencionadas”, enfatizó.

Por su parte, Carlos Jacomet, Subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia de las Adicciones (SEDRONAR) resaltó “la importancia de que todas las responsabilidades de persecución al narcotráfico hayan pasado al Ministerio de Seguridad de la Nación y SEDRONAR se aboque solo a la prevención, capacitación y asistencia”, y en este sentido expresó: “La cuestión de la drogadicción nace de la exclusión, no sólo debemos observar al sujeto sino a las situaciones anteriores de las que ha sido objeto. Tenemos una responsabilidad desde el Estado ante esto”.

A su vez, el Fiscal Titular a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Félix Crous, expresó que “el paradigma represivo puso al usuario en un lugar satanizado. Nuestro esfuerzo es darle un lugar respetuoso y ver si es verdad que nos preocupan las personas o sostener un sistema hipertrofiado que no se ocupa del impacto que tiene en la salud pública”.

Ana María Cortes,  Directora de Cooperación Nacional e Internacional, (SEDRONAR), señaló que “Argentina está promoviendo en distintos ámbitos multilaterales un enfoque equilibrado y multidimensional que aborde integralmente el consumo problemático de drogas y aporte a la reducción de la oferta y la demanda”.

“Es necesario un paradigma de inclusión social que promueva el proyecto de vida de cada sujeto, y trabajar en políticas de desestigmatización; es un tema de salud social, no solo sanitario sino comunitario”. Por último, destacó la iniciativa de “un observatorio regional acorde a la realidad de Latinoamérica; necesitamos datos propios para diseñar estrategias conjuntas”.

Por último Alejandro Corda, Abogado e Investigador de Intercambios AC presentó el libro “Personas que usan estupefacientes en Argentina. De “delincuentes-enfermos” a sujetos de derechos”, en el cual muestra claramente “las consecuencias de la criminalización, de la respuesta penal: criminalización de usuarios, aumento de la población carcelaria con población en especial estado de vulnerabilidad.  En Argentina el 38% son causas por tenencias de consumo, es decir son causas de usuarios. Es importante revisar la acción de las agencias penales, especialmente la policía”.

Además hizo hincapié en la situación de las mujeres, considerando que “el aumento de la población de mujeres en cárceles federales aumentó un 217 %, y el hecho de que se haya tenido a la respuesta penal en primer término, tiene como efecto que se haya desestimado el ocuparse de otras respuestas, sin ir más lejos se gasta lo mismo en perseguir usuarios que a prevención y asistencia, con lo cual si se dejara de perseguir a consumidores de drogas se podría duplicar la inversión en prevención y asistencia”.

Comunicado del Panel: Políticas de Drogas y Derechos Humanos

 

Crece en América Latina la crítica a las políticas represivas para abordar los problemas asociados a las drogas

¿Cuál es la evaluación de la sociedad civil uruguaya sobre la ley de regulación de la marihuana? ¿Cómo es el negocio del narcotráfico en América Latina? Y ¿A quién persigue el sistema penal? Estas preguntas convocaron a representantes de Argentina, Uruguay y Brasil en el panel de cierre de la 12 Conferencia Nacional sobre Políticas de drogas que se realizó este jueves 17 de julio de 2014 en el Salón Azul del Senado de la Nación.

(Buenos Aires, 17/07/14; 18:30hs) El fenómeno de las drogas muestra la construcción de una ideología que justifica respuestas represivas y cuya hegemonía comienza a resquebrajarse a la luz del paradigma de los derechos humanos. Esta fue la síntesis en común del panel “Políticas de drogas y derechos humanos” con el que concluyó hoy la 12 Conferencia sobre Políticas de Drogas que organizada por la asociación civil Intercambios se llevó adelante en el salón azul de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación.

“Tenemos dos generaciones de personas que crecieron en el paradigma de la persecución de las drogas, y esto explica porqué en la actualidad tanta gente está en contra de que continúe el mismo modelo represivo de guerra contra las drogas, porque están claros sus pésimos resultados”, afirmó el brasilero Pedro Abramovay, director del Programa Latinoamericano y Director Regional para Latinoamérica y el Caribe de la Fundación Open Society.

En la misma línea, el investigador Alejandro Corda, integrante de Intercambios y del Colectivo Latinoamericano de Estudios Drogas y Derecho, repasó las consecuencias de la respuesta penal: criminalización de usuarios, aumento de la población carcelaria especialmente la de mayores niveles de vulnerabilidad, entre ellas migrantes, mujeres jefas de familia con varios hijos a cargo y consumidores de drogas. “En Argentina, el 38% de las causas de drogas son por tenencia para el consumo personal; es decir, son causas de usuarios”, recordó Corda.

“El hecho de que el expediente penal esté abierto largo tiempo tiene muy alto peso en la vida de cada persona –señaló el investigador-, porque ese individuo tendrá problemas para conseguir trabajo, cargará con un fuerte estigma asociado a tener una causa penal, aunque sea sobreseído”.

En la apertura del panel, Ana María Cortes,  directora de Cooperación Nacional e Internacional de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), quien señaló que “es necesario un paradigma de inclusión social que promueva el proyecto de vida de cada sujeto, y trabajar en políticas de des-estigmatización; es un tema de salud social, no solo sanitario sino comunitario”. Finalmente, destacó la iniciativa de “un observatorio regional acorde a la realidad de Latinoamérica; necesitamos datos propios para diseñar estrategias conjuntas”.

A su turno, Laura Blanco, presidenta de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, presentó la mirada de la sociedad civil sobre la ley de regulación de la marihuana sancionada en 2013 y que aún está en proceso de implementación. La activista destacó el proceso que llevó a lograr una normativa única en América Latina desde que en 2005 comenzaron algunos una campaña de des-estigmatización del usuario de drogas hasta lograr en 2010 su tratamiento en la Comisión de Adicciones del Parlamento, de un proyecto que por entonces no les convencía. En 2011 manifestaron a la Suprema Corte de Justicia “no más presos por plantar” y promovieron un proyecto de ley de cultivo doméstico y de legalización de los clubes sociales de cannabis.

“No pretendíamos aumentar la demanda ni hacer dinero, sino sacar de la ilegalidad al cannabis. Los cuatro partidos políticos tenían representantes a favor y también el 75% de la población apoyaba mostró una encuesta. Nuestros ejes de difusión fueron: calidad y reducción de daños. Que el gobierno pueda testear la calidad del cannabis que se consume, y que la población sepa que la prohibición aumenta las malas prácticas”, concluyó Blanco.

¿Cómo es el negocio del narcotráfico? Y ¿A quién persigue el sistema de justicia penal? Estas dos preguntas guiaron la exposición Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre la Inseguridad y el Violencia de la Universidad Nacional Tres de Febrero. “Las respuestas a ambas preguntas es importante para formular políticas públicas”, aseveró.

Bergman presentó la estructura del negocio de las drogas, organizada en los eslabones de producción, tráfico y comercialización. “La mayor cantidad de gente y los valores menos significativos en dinero los llevan los productores en la parte inicial y los vendedores en la parte final de la cadena; precisamente los eslabones más perseguidos y estigmatizados”, indicó. Y planteó como relativamente poco numerosos en cantidad de personas y con alta concentración de dinero a los eslabones del medio: distribuidores, mayoristas, traficantes y procesadores y transportadores.

“Esos del medio, los que la llevan de la producción al consumo son los que tienen las grandes rentas del tráfico. Un ejemplo: el kilo de cocaína en producción base sale 900 dólares, y ese mismo kilogramo de cocaína particionado en gramos y vendido en las calles de Nueva York produce 105.000 dólares. No es sobre ellos que recae la ley penal”, indicó.

Como contrapunto a esta postura, Blanco afirmó: “Yo no apoyo la ley penal para nadie en este mercado, sino que este conjunto de integrantes del negocio de las drogas hagan como todo capitalista, busquen su ganancia en un mercado regulado, con reglas que cumplir”.

A modo de conclusión, Corda reflexionó: “El que todos estos años se haya tenido a la respuesta penal en primer término, tiene como efecto que desestimara el protagonismo de otras políticas públicas necesarias. Sin ir más lejos, se gasta lo mismo en perseguir usuarios que a prevención y asistencia, con lo cual si se dejara de perseguir a consumidores de drogas se podría duplicar la inversión en prevención y asistencia”.

 

Comunicado del Panel: Violencia urbana, seguridad y drogas

La crítica a las políticas punitivas y represivas fueron ejes del debate en la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas  N º 12.

(Buenos Aires, 17/7/14, 16 hs) ¿Cuáles son las decisiones y acciones que pueden tomarse para atender a la violencia urbana, la falta de seguridad, las drogas? ¿ Cómo se pueden abordar estas situaciones?. Estos fueron los interrogantes que atravesaron el tercer panel  de la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas  Nº 12 que organiza Intercambios. El análisis sobre la Ley de Desfederalización, la llegada a Rosario de las fuerzas federales de seguridad, el proyecto de reforma al código penal fueron algunos de los puntos que cruzaron esos interrogantes.

“La Ley de Desfederalización se promocionó como para bajar consumo. No estamos de acuerdo que con la persecución se cambian los hábitos de consumo”, señaló Pablo Javier Martínez, integrante del área de Información e Investigaciones del Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, en base a un estudio que efectuó el organismo entre 2005 y 2008, antes de la implementación de la ley, mostró el incremento de un 200 por ciento en fiscalías federales de la provincia de Buenos Aires  de causas vinculadas al consumo personal.

El especialista también remarcó algunos efectos de la ley: “incremento en la persecución en delitos de tenencia y pequeña comercialización de estupefacientes; incremento  del control policial en espacios públicos, empoderamiento relativo de las policías y las justicias provinciales en la determinación de competencia, fragmentación de las capacidades del Estado”. También comento que hay propuestas para la derogación de la misma.

Gabriel Adrian Bombini, juez de garantías nº 5 en el Departamento Judicial Mar del Plata también arremetió contra la actual ley. Algunas de las cuestiones a las  cuales no atienden las políticas de desfederalización son: “la falta de atención a la conformación de las organizaciones criminales cuya característica es el enclave territorial, y que funcionan autónomamente de los individuos que funcionan  en ellas. Segundo aspecto: que las actividades que se llevan adelante en el territorio están estrictamente ligadas a la misión policial. Y esto no es una percepción, está demostrado”.

Rosario

“Hoy tenemos casi un muerto por día. Para entender lo que pasa en Rosario, y como  cruadriplicó la tasa nacional de homicidios, no solo podemos comprenderlo por lo que pasa con el narcotráfico. La idea es empezar a vincular lo que pasa con problemas que parecen distintos: déficit habitacional, modelo agroexportador, etc. A comienzos de esta década, hubo una decisión política de consolidarla como una `ciudad competitiva`. Hoy estamos pagando las consecuencias”, remarcó Juan Monteverde, del Movimiento Giros de Rosario.

¿Cómo se aborda esta situación? “Hace unos meses tuvimos un desembarco del Estado nacional con gendarmería  en los barrios periféricos. Desde las organizaciones  tratamos de abrir el debate y analizamos si esta iba a ser sólo una estrategia militar o se iba a desarrollar otro tipo de abordaje. Hoy, después de esos meses, no parece que haya voluntad de hacer  otro abordaje que no sea el militar”.

Reforma al Código Penal

Desde el ámbito legal, Roberto Carlés, coordinador de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, indicó que “el anteproyecto que presentamos no implica un cambio sustancial en el plan de criminalización primaria que implica un código penal, es decir, no se modifica ni la cantidad de delitos ni la modalidad de prosecución”.

También recordó los objetivos de la comisión. Uno de ellos fue la integración de la legislación penal dispersa. En ese sentido, “detectamos 400 leyes  dispersas no sólo en lo penal. El segundo objetivo: la reforma de la legislación donde hubiera puntos oscuros, superposiciones normativas”.

Puntualmente, el especialista indicó que en el anteproyecto “se despenaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal”, pero  que ello tiene más que nada un “efecto simbólico, porque esta modificación no va a evitar detenciones”.

En ese sentido, remarcó que “la despenalización que se propone no basta para alcanzar el cambio que es necesario en la materia. Las leyes penales tienen funciones manifiestas y tienen otras funciones latentes que se mantienen ocultas y que precisamente las ideologías punitivas se ocupan de mantener ocultas. Algunos dicen que esa finalidad es un mensaje para la sociedad, porque habilita ciertas prácticas de control social a las que el Estado y la fuerzas sede seguridad no quieren renunciar”.

Ofició de discutidora Rut Diamint, Profesora en la Universidad Torucato Di Tella e Investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), que consideró «importante reconocer que sociedades que han estado expuestas a niveles altos de violencia y sobre todo nosotros que durante la dictadura militar hemos sufrido umbrales muy altos de violencia, resguardan después formas de resolución de los conflictos de manera violenta«. Además señaló que «la militarización de la seguridad viene de pautas globales, principalmente de los países más desarrollados, y no ha habido ningún caso en donde la intervención militar haya disminuído los niveles de violencia. El caso de México lo refleja claramente«.

Moderó el panel Diana Rossi, Trabajadora Social y Coordinadora del Área de Investigación de Intercambios AC.

 

Comunicado Panel: Dispositivos e Instituciones

 Panel: Dispositivos e Instituciones. Actuales desafíos en la intervención.

“Penalizar la tenencia es un absurdo, debemos intentar disminuir la demanda con políticas públicas que tengan esa dirección y el Estado debe hablar de reducción de daños. En las guerras contra las drogas no mueren plantas, muere gente”.

 

(Buenos Aires, 17/07/14; 13 hs) Con la moderación de Paula Goltzman, Trabajadora Social y Coordinadora del Área de Intervención de Intercambios Asociación Civil y la participación en el rol de discutidor de Damián Fernández Courel, Psicólogo y representante del Centro Nueva Tierra, se abrió el primer panel de discusión alrededor de los desafíos que se plantean en las formas de intervención en dispositivos e instituciones. La necesidad de una cultura inclusiva para los jóvenes estuvo en el centro del debate.

Edith Benedetti, Psicóloga Interventora General del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones (ex CENARESO) comenzó afirmando: “Debemos entender al paciente como un sujeto de derecho, derecho a recibir tratamiento con la alternativa terapéutica que no restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria; derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, con respeto de su vida privada y libertad de comunicación”.A su vez, remarcó el “agotamiento de los modelos abstencionista y médico hegemónico con eje en la sustancia.  Desde la perspectiva psico-socio y cultural, el modelo de reducción de daños permite ofrecer intervenciones adecuadas a las necesidades del sujeto”.

Néstor Rebecchi, Docente y Director de la Escuela Media Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que “las escuelas deben replantearse las culturas institucionales para que consideren a quien ingresa como un sujeto de derechos. Es necesaria la democratización de las situaciones y la resolución de los conflictos. Sólo una cultura inclusiva permite que los pibes hablen, se comuniquen, se interesen por cuestiones comunitarias y participen en la defensa de sus derechos”.

Carlos Damín, Médico especialista en Toxicología, Jefe de la División de Toxicología del Hospital Juan A. Fernández, Profesor Titular Primera Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina, UBA señaló que “hay algunas cosas que no hemos estado haciendo bien, vengo de un hospital que desde el punto de vista numérico es exitoso pero esto es producto del fracaso de la política, porque si uno mira esas cifras de aumento de la demanda ve que hemos empeorado. Lo que tenemos es un país con una demanda infernal. Tenemos una sociedad empastillada. El cambio en la mirada implica dejar de hablar de la oferta para hablar de la demanda”. Y explicó que “no es solo un problema de los sectores vulnerados, es el país completo. El 85% de la población de 18 a 25 años consumió alcohol en el último año. Hemos puesto a la sustancia en un lugar que no le corresponde y cuando no es una es otra. Penalizar la tenencia es un absurdo, debemos intentar disminuir la demanda con políticas públicas que tengan esa dirección y el Estado debe hablar de reducción de daños. En las guerras contra las drogas no mueren plantas, muere gente”.

Ofició de discutidor Damián Fernández Courel, quien finalizó el panel destacando que “es decisiva la integralidad en la intervención; es necesario reinventar el hospital como dispositivo de salud y el lugar de las escuela como espacio de encuentro para hablar sobre las drogas”.

Comunicado de Apertura

Comenzó la 12º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas

“Esperamos que se impulse el tratamiento legislativo de los proyectos de reforma de la Ley de Estupefacientes 23.737 -suspendido desde hace más de un año-, así como la reducción de las condiciones de exclusión social, y se concentre en la persecución de las organizaciones delictivas que generan corrupción e incremento de la violencia”.

(Buenos Aires, 17/07/14; 11 hs) Así lo expresó la presidenta de Intercambios AC Graciela Touzé en la ceremonia de apertura de la 12º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas y continuó: “después de que el Senado aprobara en mayo la Ley de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos esperamos que se fortalezcan los avances producidos por la Ley Nacional de Salud Mental, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con el Fallo Arriola y las orientaciones del Ministerio de Educación de la Nación en materia de prevención”. Sin embargo, mostró su preocupación por “la adhesión de algunas provincias al régimen de desfederalización, cuyos resultados en Buenos Aires y Córdoba alertan sobre esta estrategia que mayormente se ha aplicado como un instrumento para continuar criminalizando a la población en situación más vulnerable”. “También nos preocupan iniciativas como los Tribunales de Tratamiento de Drogas que empezaron a funcionar en la provincia de Salta porque hacen prevalecer la intervención penal y entran así en contradicción con otras políticas públicas ya mencionadas”, enfatizó.

Sobre el contexto internacional, Touzé resaltó “la necesidad de numerosos países latinoamericanos de dar un giro hacia políticas centradas en la prevención y la salud pública y poner fin a la llamada guerra contra las drogas”. Por último, se refirió a la regulación del mercado de cannabis en Uruguay, “una experiencia que merece toda la atención de los que estamos interesados por el desarrollo de otro tipo de políticas de drogas”.

Félix Crous, Fiscal Titular a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), expresó que “el paradigma represivo puso al usuario en un lugar satanizado. Nuestro esfuerzo es darle un lugar respetuoso y ver si es verdad que nos preocupan las personas o sostener un sistema hipertrofiado que no se ocupa del impacto que tiene en la salud pública”. Además, remaró que “la prohibición naturalmente no tiene capacidad anticipatoria y es absurdo régimen de desfederalización. El riesgo de la prohibición es que no hay regulación porque solo están prohibidas”.

Carlos Jacomet, Subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia de las Adicciones (SEDRONAR) resaltó la importancia de que todas las responsabilidades de persecución al narcotráfico hayan pasado al Ministerio de Seguridad de la Nación y SEDRONAR se aboca solo a la prevención, capacitación y asistencia, y en este sentido expresó: “La cuestión de la drogadicción nace de la exclusión, no sólo debemos observar al sujeto sino a las situaciones anteriores de las que ha sido objeto. Tenemos una responsabilidad desde el Estado ante esto. La interacción mediática hace creer que los pibes en situación de vulnerabilidad en algún punto consumen y delinquen para satisfacer esa necesidad. Por eso desde la SEDRONAR debemos generar vínculos con organizaciones de base que tienen acceso a información de primera mano sobre estas situaciones”.

Por su parte, la representante de la Defensoría General de la Nación Marina Soberano, hizo hincapié en “el fracaso de la visión criminalizante y las respuestas punitivas respecto al problema de las drogas y la necesidad de modificar la actual ley de estupefacientes, y señaló: “el desafío del siglo XXI no es normativo sino que la gente pueda acceder a los derechos económicos, sociales y culturales”.

 

Adrian Pietryszyn

Prensa y comunicación

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La inscripción a la 12º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas es libre y gratuita. Estará abierta a partir del 16 de junio hasta el 14 de julio inclusive, o hasta completar las vacantes. Vacantes limitadas.

Se entregarán certificados de asistencia.

La conferencia se llevará a cabo el jueves 17 de julio en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación desde las 9:00 hs hasta las 18.30 hs.

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